IU CONSIDERA UNA
MEDIDA POSITIVA PERO INSUFICIENTE LA COMPENSACIÓN DE LA PLUSVALÍA EN CASOS DE
DESAHUCIO
La compensación de la plusvalía
anunciada por el Ayuntamiento de Logroño en los casos de desahucio supone un
paso positivo, conseguido gracias a una gran movilización social coordinada por
la Plataforma de Afectados por las Hipotecas. Pero son necesarias más medidas
avanzadas para proteger a los ciudadanos más humildes que siguen perdiendo sus
viviendas.
![](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgnM1DzCDuRlxUy4o7IuPHTClqVMVrjqI_J1sW2JkofcWlitxERhft_khYK-DUKFrEp8NX2x5mlt9Ssq4MZ_YLfZGoaGKKOhUdVq8WmGAYAa3ws7j1lzgsv-zfWBmVowwCd-p-JYlDx1H_U/s1600/pah.jpg)
Los datos de desahucios en nuestra región siguen siendo alarmantes. Prácticamente se están expulsando de su vivienda a una familia al día en La Rioja. La compensación de la plusvalía para los afectados en Logroño simplemente supone un pequeño alivio económico para estas familias, y se ha conseguido por el trabajo solidario y la movilización constante de la Plataforma de Afectados por las Hipotecas en nuestra ciudad.
Sin embargo, IU considera que el Ayuntamiento de la ciudad debe tomar medidas más avanzadas y valientes, de forma urgente que garanticen la función social de la vivienda ante el dramático problema. Medidas que sean eficaces para frenar este triste fenómeno.
IU propone un plan integral local anti-desahucios
con iniciativas como una moratoria local
que impidan los desahucios por motivos económicos, tasas especiales para
viviendas vacías en manos de los bancos,
ayudas para el pago de la electricidad y calefacción durante el invierno,
creación de un censo de viviendas deshabitadas para que los miles de pisos
vacíos de la ciudad que acumulan las entidades financieras puedan ser puestos
en régimen de alquiler social, o la
negativa de la administración local, incluida la policía local en participar o
facilitar los desahucios.
Estas medidas deberían coordinarse con
otras de competencia regional como la adaptación a La Rioja de la normativa
puesta en marcha en Andalucía que incluye, entre otras cuestiones, la
expropiación del uso de viviendas vacías por un período de tres años a personas
jurídicas. Y también con medidas estatales como la modificación de la Ley
Hipotecaria aceptando la dación en pago que ha sido solicitada por más de un
millón de firmas a través de la reciente Iniciativa Legislativa Popular
presentada al Congreso.