IU calcula un gasto total de 11 millones de euros en seis
años en la nueva plataforma “smart city” para Logroño. Un capricho de la
alcaldesa, muy caro para los logroñeses, que no mejora ninguna de las
prioridades ciudadanas actuales e insiste en una gestión privatizadora de
servicios públicos, que se ha demostrado fracasada.
El Ayuntamiento de Logroño acaba de aprobar la contratación del
Centro integral de servicios públicos Smart Logroño. Sumando la inversión en la
creación de la plataforma hasta 2020, la adecuación del antiguo Colegio
Universitario de Ciencias que fue recientemente reformado para el fallido
“centro de cultura popular”, arroja un gasto total en torno a los 11 millones
de euros.
IU considera esta gasto absolutamente disparatado, y propio de la
política municipal fracasada del tiempo de las burbujas, la especulación y las
grandes obras que el Ayuntamiento del PP en Logroño parece no modificar.
Este dineral no va a suponer una mejora de los servicios que ya se
vienen prestando ya en el 010, control de tráfico y alumbrado sino todo lo contrario, ya que se profundiza en una gestión privada de servicios públicos que
últimamente sólo genera problemas como en las guarderías, aparcamientos,
servicios deportivos, etc.
La propia Alcaldesa ha admitido que este contrato conjunto supone un 5,5% que cada uno de los servicios por
separado, alegando una justificación ridícula " un nuevo sistema de
gestión basado en la eficacia y la transparencia, que fomentará la
participación de los logroñeses en el día a día de la ciudad". El fomento de la participación ciudadana no
pasa por establecer negocios con servicios públicos sino con fórmulas como
auténticos presupuestos participativos o referéndums ciudadanos para
inversiones, como ésta, de más de 1 millón de euros, tal y como propone IU.
IU considera que Smart City Logroño es un caro capricho del concejal de medio ambiente Jesús Ruiz Tutor
avalado por la Alcaldesa Cuca Gamarra y
la red de ciudades inteligentes (red participada por empresas como Telefónica) que sólo buscan un
nuevo espacio de negocios a costa del
dinero público que hipotecará al Ayuntamiento, al menos, hasta el 2020.
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