IU ante el cierre de LEAR

IZQUIERDA UNIDA RECHAZA EL CIERRE DE LEAR Y EXIGE AL GOBIERNO REGIONAL QUE NIEGUE LA AUTORIZACIÓN DEL EXPEDIENTE DE CIERRE EN TODO CASO

IU considera que no existe ninguna causa legal ni económica para el cierre de lear, por lo cual tanto trabajadores, sindicatos, Gobierno Regional y el conjunto de la sociedad riojana debe movilizarse para oponerse a esta operación de deslocalización empresarial

Izquierda Unida considera que el posible cierre de la planta de LEAR en Agoncillo, supondría el golpe más duro al empleo y la economía riojana desde el cierre de Electrolux, ya que esta empresa emplea directamente a 300 trabajadores y soporta otros 200 empleos indirectos. Además su cierre podría significar la primera ficha del dominó en el importante sector de componentes del automóvil en La Rioja, en el cual trabajan en torno a 3.000 empleados.

IU afirma que la planta de Lear en el polígono del sequero tiene actualmente un volumen muy importante de trabajo y pedidos asegurados, una actividad bien diversificada en cuanto a clientes de las piezas que fabrican, un grado muy alto de productividad en comparación con otras plantas en la UE, e incluso se están realizando horas extras con habitualidad.

No existe, por lo tanto, razón alguna que pueda amparar el cierrre más allá de una mera operación de deslocalización que busca más beneficios de los que ya obtiene a costa de instalarse en países con costes laborales míseros.

La gravedad de la situación impone una gran movilización del conjunto de la sociedad riojana frente al cierre de esta empresa, desde sus principales perjudicados, sus trabajadores, hasta el Gobierno Regional que debe negarse a autorizar cualquier expediente de cierre de la empresa en estas circunstancias y decirlo públicamente cuanto antes para que la multinacional abandone sus planes.

Izquierda Unida de La Rioja se unirá a partir de ahora a todas las movilizaciones e iniciativas que planteen los trabajadores de Lear y los sindicatos para mantener sus empleos, la industria de componentes del automóvil en la región y parar los pies a las operaciones de especulación empresarial como ésta, que juegan con miles de empleos en la búsqueda del máximo beneficio con altísimos costes sociales.

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Más temporalidad no es igual a más empleo

Los últimos días del pasado mes de agosto serán recordados por una nueva vuelta de tuerca más de un gobierno prácticamente en funciones en su política de recortes sociales, entregado al poder económico y los mercados e incapaz de plantear una salida a la crisis desde una perspectiva mínimamente progresista o de izquierdas. Sin embargo, el ruido generado por una nueva pinza neoliberal PP-PSOE para modificar la Constitución sin un debate previo que posibilite la participación ciudadana a través de un referéndum, está eclipsando otra importante modificación laboral que avanza aún más hacia un modelo de contratación y empleo cada vez más precario.

Resulta ciertamente lamentable que todo un Ministro de Trabajo como Valeriano Gómez, con una larga trayectoria vinculada, además, al sindicato UGT, utilice para justificar la última y nuevamente regresiva “minireforma laboral” llevada a cabo a golpe de decreto por el Gobierno del PSOE, el viejo y gastado mito del “preferimos un contrato precario a un parado”.

Lo mínimo que debería exigirse al Ministro, y a todo el Gobierno, es que no trate de justificar sus recortes sociales y reformas neoliberales insultando a la inteligencia de los trabajadores con afirmaciones simplonas e inexactas.

Está más que demostrado a estas alturas por numerosos estudios, que no existe una relación causa-efecto entre flexibilizar la contratación temporal y la reducción del paro. Si hay alguna relación directa (la realidad es más compleja) es precisamente la contraria: cuanto más alta es la tasa de temporalidad, mayor es la tasa de paro, tal y como sucede en nuestro país en comparación con otros países de la UE. Y, es precisamente en tiempos de crisis económica cuando el abuso en la temporalidad se manifiesta rápidamente en un aumento del desempleo mucho mayor que en mercados de trabajo más estables, como sucede aquí desde 2008.

La eliminación de los límites al encadenamiento de contratos temporales aprobada por decreto el pasado viernes 24 de agosto en primer lugar no tiene eficacia directa alguna en la reducción del paro, y, en segundo lugar, supone una serie de consecuencias muy negativas para la mayoría de la población (los trabajadores) y por lo tanto, para el equilibrio, ya suficientemente dañado, socio-económico y laboral en nuestra sociedad.

Tales consecuencias son:

• Dejar sin efecto lo poco de positivo que tenía la reforma laboral pactada con los sindicatos mayoritarios en 2006. Saltándose, así, a la torera, de forma grave, el necesario respeto institucional que debería presidir el diálogo social y sus acuerdos.
• Abandonar, de facto, si es que alguna vez existió, el cacareado cambio de modelo productivo, para seguir apostando descaradamente por competir por la vía de los costes laborales (precariedad, salarios bajos, paro elevado, reducción de derechos, más desequilibrio en el reparto de la renta, etc.).
• Aumento de la tasa de temporalidad, precisamente en un momento en el cual había bajado varios puntos debido, paradójicamente, al único mecanismo dolorosamente eficaz en las últimas décadas para lograrlo, dado el fracaso en este sentido de los acuerdos entre Gobierno y agentes sociales, que ha sido la crisis económica y el paro desbocado.
• Incrementar la inestabilidad laboral, deprimiendo aún más la demanda interna y frenando cualquier atisbo de recuperación económica basada en el incremento del poder adquisitivo y la estabilidad de los trabajadores.

La otra medida incluida en el Real Decreto Ley ha sido la modificación del contrato de formación, aumentando varios grados su desnaturalización y convirtiéndolo en un auténtico contrato basura para jóvenes, y no tan jóvenes (hasta 30 años), con salarios mínimos y de previsible difícil implantación, debido a su complementariedad con estudios de Formación Profesional, en una configuración que se parece al modelo dual alemán de FP, como afirma el Gobierno, lo mismo que un huevo a una castaña.

En cualquier caso, de igual forma que ha sucedido hasta ahora, la barra libre de contratos temporales, con causa o sin ella, que nuestro ordenamiento laboral y el Gobierno que debería controlar su cumplimiento permiten, seguirá impidiendo que este contrato, o el de prácticas, sean utilizados como una vía de inserción importante para los jóvenes.

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