Tras una campaña electoral y unos primeros meses de Gobierno del Partido Popular durante los cuales bien se ha ocultado o bien se ha obviado el auténtico programa de Rajoy sobre empleo, se ha aprobado una reforma, como no, por la poco democrática y, sin embargo, muy usada, vía del Decreto – Ley. Esta reforma es ya plenamente aplicable a las relaciones entre empleadores y trabajadores y aclara finalmente las intenciones gubernamentales en materia laboral.
Un repaso telegráfico al contenido más relevante de este Decreto que modifica todas las leyes fundamentales que regulan el trabajo en nuestro país ya indica la orientación ultraliberal de las modificaciones, continuando, profundizando y agravando la senda antisocial que ya había tomado el anterior gobierno del PSOE con reformas anteriores. En primer lugar, a pesar de las declaraciones recientes de muchos dirigentes del PP, se reducen bruscamente las indemnizaciones por despido. Desaparece la indemnización de 45 días por año trabajado con límite en 42 mensualidades y todos los despidos improcedentes se indemnizarán con 33 días por año trabajado con un límite de 24 mensualidades. Pero, además, se facilita enormemente la calificación de los despidos objetivos como procedentes, especialmente por causas económicas, ya que cualquier empresa que presente 9 meses con una simple reducción de ingresos (prácticamente todas en una situación de crisis), aunque aumenten los beneficios, podrán despedir por causas objetivas de manera procedente por 20 días y un límite de 12 mensualidades. Además, se abre la puerta a posibles despidos masivos de personal laboral en las distintas administraciones.
En cuanto al marco de la contratación, que parecía que iba a ser revisado de arriba abajo reduciendo la cantidad de tipos de contrato, la reforma se limita a precarizar más aún el contrato a tiempo parcial admitiendo las horas extraordinarias, eliminar el contrato indefinido de fomento del empleo y a crear el que ya se ha empezado a llamar como “contrato Rajoy” o “contrato Mariano”. Un contrato indefinido que podrán utilizar las empresas con menos de 50 trabajadores (el 99,2% de las empresas en España) y con un increíble y disparatado periodo de prueba de 12 meses. Teniendo en cuenta que la duración media de los contratos temporales ronda los 2 meses, parece evidente que este contrato pretende sustituir la abusiva realización de contratos de duración determinada por éste, aún más precario, por el cual los trabajadores que lo sufran pasarán, con suerte, un año temiendo a que el jefe les diga “mañana no vuelvas” sin motivo, sin preaviso y sin indemnización alguna.
A pesar del reciente acuerdo entre CEOE, CEPYME, CC.OO. y UGT sobre negociación colectiva, la reforma también aborda cambios en este aspecto, dejando, a mi juicio en mal lugar a estas organizaciones y saltándose a la torera la autonomía de los agentes con respecto a este tipo de acuerdos. Se facilita la inaplicación de los convenios, o descuelgue, y se limita la llamada ultractividad, que no es otra cosa que la garantía de no retroceder en condiciones laborales por el bloqueo en la negociación de un convenio, a un máximo de 2 años. De esta forma se alcanza una de las máximas y clásicas aspiraciones de la patronal.
La flexibilidad interna se estira tanto que prácticamente cualquier empresa podrá modificar las condiciones de cuestiones tan importantes como la jornada o el salario sin negociaciones y sin control de objetividad, en cuanto a sus motivos, ni administrativo ni judicial.
Se elimina la, hasta ahora, necesaria autorización administrativa para llevar a cabo un Expediente de Regulación de Empleo, lo cual significa una auténtica barra libre para las suspensiones temporales de empleo, las reducciones de jornada o los despidos colectivos.
No hace falta ser economista ni experto laboral para advertir que las consecuencias de esta reforma serán exactamente las contrarias a las predicadas por el Gobierno. Un simple ejercicio de sentido común indica que si se abarata y facilita el despido habrá más extinciones y más paro. Que si desequilibramos tanto el mercado laboral a favor de la empresa se reducirán drásticamente las rentas salariales, agravando la crisis de demanda interna. Que si seguimos apostando por la precariedad y los bajos costes laborales no cambiará el modelo productivo, ni mejorará la productividad, ni la innovación. Que si desprotegemos del todo al trabajador desde las normas (legales o pactadas) sólo queda el conflicto social para defender nuestros derechos.
La respuesta del capital a esta reforma ha sido una nueva bajada de la nota de España por parte de las agencias de calificación, esos cancerberos del mercado, o la apertura por parte de Bruselas de un expediente sancionador al Estado por desequilibrios laborales. Y es que deberíamos haber aprendido ya a estas alturas de la crisis que el servilismo que estamos mostrando hacia los poderes económicos globales, escenificado en la conversación del Ministro de Economía De Guindos agachando la cerviz ante un apático Olli Rehn (Comisario europeo de asuntos económicos), no sirve para que el capital afloje el puño de hierro con el cual nos atenaza.
Por otro lado, la respuesta de los dos sindicatos mayoritarios UGT y CC.OO., ha sido de tímida oposición, anunciando el inicio de movilizaciones y campañas informativas paulatinas contra la reforma. Probablemente en este momento sea la única reacción razonable ya que es evidente que la convocatoria de una huelga puntual e inmediata, ya descontada por Gobierno y patronal, no tendría demasiados efectos. Sin embargo de la actual situación general de desmovilización y conformismo, salvo importantes contestaciones sectoriales, son directamente responsables las cúpulas de estos sindicatos que, cada vez es más obvio, debieron optar desde el inicio de la crisis por una actitud más ofensiva, menos pactista y contemplativa. Debieron optar por una situación de movilización sostenida que ahora no hay más remedio que iniciar, en vez de despreciar los rescoldos de la última huelga general de 2010 llegando a acuerdos regresivos que han debilitado más la situación de los trabajadores como el recorte de las pensiones o la recurrente y equivocada apuesta por la moderación salarial del último acuerdo sobre negociación colectiva.
Aunque sea obligados por los brutales ataques a los derechos de los trabajadores que ya tenemos encima y que vendrán, si no luchamos por evitarlo, se impone un ejercicio profundo de autocrítica en cuanto a la línea sindical de las últimas décadas (con crisis y sin ella) basada en acuerdos defensivos que han supuesto, paso a paso, reforma a reforma, retrocesos en cuanto a reparto de renta, equilibrio de poder, derechos e incluso influencia de los propios sindicatos en la antagónica balanza capital – trabajo.
Domingo, 19 de Febrero manifestación 12 h. Glorieta del Dr. Zubía. Logroño.
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