Hasta ahora, desde la aprobación en 1980 de
El Estatuto de los Trabajadores, más o menos cada lustro, el mundo del trabajo
ha sufrido una reforma laboral que, en general, ha ido debilitando a la
tradicional “parte débil” en la dialéctica del trabajo, es decir, al
trabajador. Así, los distintos gobiernos del PP y del PSOE han horadado paso a
paso un sistema de relaciones laborales mucho más equilibrado que el actual y
peleado por un movimiento obrero fuerte, concienciado y movilizado durante la
transición.
En 1984 el PSOE de Felipe González aprueba el
gran cajón de sastre de la contratación temporal, dando inicio a la era de la
precariedad. En el olímpico 1992 se insiste en potenciar la temporalidad y se
reducen las prestaciones por desempleo. En 1994, gobernando aún el PSOE, se
amplía la flexibilidad laboral, se facilitan los contratos formativos con menos
derechos, se desregula la negociación colectiva y aparecen las ETT´s, que desde
entonces se convierten en el gran agente precarizador del mercado de trabajo.
En 1997, ya con Aznar en la presidencia del Gobierno se facilita el despido con
importantes rebajas en las indemnizaciones para los contratos indefinidos.
Durante 2001 y 2002 el PP insiste en abaratar el despido y también limita el
acceso a las prestaciones de paro. Por último, en 2006, de nuevo con el PSOE de
Zapatero en el poder tiene lugar la última reforma antes de la actual crisis,
la cual se limita a aumentar las subvenciones a las empresas para la
contratación y mantiene todo el sistema de temporalidad, cuya tasa en esos
momentos era realmente escandalosa.
En este punto, cuando el neoliberalismo en
bloque teorizaba sobre el crecimiento
infinito, el fin de las ideologías o lo absurdo de la lucha de clases, nos
estalla en la cara, en la de unos más que en la de otros, la enésima crisis
capitalista, pero esta vez con una intensidad y duración inéditas y de
consecuencias impredecibles.
Desde el inicio de la crisis sistémica que
nos atenaza se han ido sucediendo varias modificaciones laborales a través,
fundamentalmente de Reales Decretos, esa cómoda herramienta del ejecutivo, pero
de dudosa ética democrática de la cual se abusa especialmente en el terreno laboral.
La
primera de esta batería regresiva de cambios en las normas del derecho del
trabajo se lleva a cabo en 2010 y 2011, de nuevo por el PSOE que, a pesar de su
ya evidente agonía política en ese momento, demuestra un ímpetu digno de mejor
causa para facilitar el despido, la flexibilidad interna en las empresas y la
ampliación de la edad de jubilación y de los años de cómputo, reduciendo de
forma importante la cuantía de las pensiones.
Todavía en 2011 pero ya con el PP en el
Gobierno, se aprueba la voladura del modelo de negociación colectiva cuya
esencia se basaba en pilares como la ultra actividad de los convenios, o su
eficacia normativa y “erga omnes”. Todos estos principios desaparecen en pos de
una individualización de las relaciones laborales, pretendida desde siempre por
la patronal y servida ahora en bandeja.
Al año siguiente, 2012, Se lleva a cabo una
reducción más del coste del despido descausalizándolo, y, por lo tanto,
facilitándolo, tanto en el plano individual como en el colectivo, incluyendo a
los trabajadores de las administraciones públicas en el paquete. También se
profundiza más en desregulación de los convenios colectivos, priorizando el
convenio de empresa y se crea un nuevo contrato hiperprecario con un año de
periodo de prueba, que muchos expertos consideran sencillamente
inconstitucional.
Por último, durante este año, hemos asistido
ya a un retroceso importante en cuanto a la posibilidad de jubilarse de manera
anticipada o parcial, y a recortes en los subsidios para los parados más
necesitados (mayores de 52 años). A pesar de todo ello, los trabajadores
continuamos tachando viernes en nuestros calendarios esperando la próxima
modificación: reducción de prestaciones por desempleo, ampliación inmediata de
la edad de jubilación, contrato único, despido gratuito,…hagan sus apuestas.
Ya no cabe, por tanto, hablar de reformas
laborales concretas, sino que asistimos a una reforma continua, a un acoso y
derribo permanente, sistemático contra los derechos laborales conseguidos tras
décadas de movilización, lucha y reivindicación del movimiento obrero entendido
como sujeto histórico imprescindible para entender el origen del derecho del
trabajo. Esta reforma permanente percute sin cesar, sin ningún tipo de
imaginación ni valentía, sin tan siquiera intentos de negociación y, por
supuesto sin ningún tipo de compasión, sobre la inmensa mayoría de la sociedad
aplicando las recetas neoliberales que precisamente están detrás de la crisis:
individualización de los relaciones laborales, flexibilidad total, de entrada
(contratación precaria), interna (movilidad funcional extrema), y de salida
(despidos sin causa y sin indemnización), y, por supuesto, recortes en
prestaciones de seguridad social (pensiones y desempleo).
Los testarudos y evidentes hechos son que
estas medidas sólo están generando más paro, más necesidades, más
desprotección, menos demanda interna, más exclusión, incluso menos productividad entendida desde
un punto de vista avanzado, es decir más crisis. Sin embargo, nada indica que
nuestros gobernantes estén dispuestos a cambiar de rumbo. Tendremos que ser la
tripulación quienes tomemos el timón, poniendo proa hacia un modelo de
relaciones laborales justo, equilibrado y solidario aunque el viento de los
poderosos y privilegiados sople fuerte contra esa dirección.
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